El alcalde de Zapallar encabezará un nuevo ciclo en la Asociación Chilena de Municipalidades, con foco en la descentralización, el financiamiento adecuado de las leyes y el respaldo transversal a todos los municipios del país.
Gustavo Alessandri sostuvo en Cooperativa que la situación "demuestra el Estado precario que tenemos y lo fácil que es vulnerarlo". Abogó por un cambio completo del Estado, con la finalidad de "llegar a lo más profundo de lo que ha ocurrido, porque esto es inaceptable y debe tener una consecuencia".
“Este tipo de trabajo de cruce de base de datos es algo que ya se podría haber hecho desde los organismos que tienen labores de control”, dijo la contralora Dorothy Pérez, en la comisión de Salud del Senado, en referencia a Compin, Fonasa y Suseso. También adelantó que ampliará la fiscalización de mal uso de licencias a viajes en Chile.
Un grupo de alcaldes de la Región Metropolitana anunció acciones legales contra funcionarios municipales y médicos involucrados en el uso irregular de licencias médicas para viajar al extranjero. La medida surge tras la investigación de la Contraloría que detectó que más de 25.000 trabajadores públicos viajaron fuera del país mientras gozaban de permisos médicos entre 2023 y 2024.
Luego que se conociera que 405 funcionarios de todas las Municipalidades del valle de Aconcagua aparecen en listado de 780 instituciones públicas que son investigadas por mal uso de Licencias Médicas entre el 2023-2024, que reveló la Contraloría General de la República, los Alcaldes de varias de las comunas de las provincias de San Felipe y Los Andes, han rechazado el accionar y anuncian sumarios y proceso administrativos en contra del personal involucrado.
Continúan las consecuencias que dejó el informe emanado desde Contraloría la semana pasada, que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país incumpliendo el período de reposo instruido por dicho permiso médico.
Expertos señalan que aún es relevante avanzar en una mayor integración de datos y mayor capacidad operativa de las instituciones fiscalizadoras de estos documentos.
Norma establece plazos acotados y mecanismos de reclamación para agilizar trámites, reducir la burocracia, facilitar el desarrollo urbano y mejorar el acceso a soluciones habitacionales.
Senadores reprocharon al diputado Leonardo Soto (PS) haber acusado "irregularidades" en el informe final, que contemplaba tres votaciones para el proyecto.